El candidato presidencial Abelardo De La Espriella lanzó un concurso en sus redes sociales que premia con un viaje con todos los gastos pagos al partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026 a quien más personas logre inscribir en su plataforma política Defensores de la Patria, una iniciativa que ya genera debate jurídico sobre su legalidad en el marco del proceso electoral colombiano.
De La Espriella Mundial 2026: en qué consiste el concurso
La campaña del candidato Abelardo De La Espriella, conocido entre sus seguidores como “El Tigre”, difundió la convocatoria a través de las cuentas oficiales de Instagram de Defensores de la Patria y del Facebook personal del candidato. El mecanismo funciona mediante un sistema de referidos: cada usuario registrado en la plataforma unete.defensoresdelapatria.com recibe un enlace personalizado con el que debe lograr que al menos tres personas se inscriban.
El concurso ofrece tres premios escalonados. El primero, y más llamativo, es acompañar al propio candidato al partido inaugural del torneo, con tiquetes aéreos, alojamiento y demás gastos cubiertos. El segundo premio consiste en asistir al cierre de campaña de De La Espriella con transporte en avión, acceso al camerino e invitación especial. El tercer lugar ofrece pasar un día de trabajo junto al aspirante presidencial, con recorridos de medios y comidas incluidas.
Para participar, quienes aún no están registrados deben escribir un mensaje directo explicando cómo imaginan lo que la campaña denomina “La Patria Milagro”. Un comité interno evalúa la creatividad y emotividad de los textos enviados. Los ya inscritos, en cambio, compiten directamente por el número de referidos válidos que consigan.
¿Puede ser delito electoral? Lo que dice el Código Penal
La iniciativa encendió las alertas de especialistas en derecho electoral. El Código Penal colombiano, modificado por la Ley 1864 de 2017, tipifica como delito ofrecer beneficios particulares a ciudadanos con el propósito de obtener apoyo a un candidato o partido político. El artículo 390 contempla penas de cuatro a ocho años de prisión para quien “prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular” a un ciudadano con ese fin.
El punto crítico está en si los premios del concurso —viajes, acceso a eventos, comidas— pueden considerarse una “dádiva” o “beneficio particular” entregado a cambio de apoyo electoral. La norma no exige que el beneficio se otorgue directamente por el voto, sino que basta con que se condicione al respaldo o promoción de un candidato. En este caso, los premios se entregan a quienes demuestren haber incorporado a más personas al movimiento político del aspirante presidencial.
También resulta relevante el artículo 390A, que sanciona a quien “ofrezca los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva” para que voten por un candidato. Aunque el concurso no menciona explícitamente el voto, la acción de referir personas a una plataforma de campaña tiene un propósito político directo: ampliar la base de apoyo del candidato de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
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Cabe anotar que el Código Penal también sanciona la violación de topes de gastos en campaña (artículo 396B). Si el valor de los premios ofrecidos —que incluyen tiquetes aéreos internacionales y acceso al Mundial— no queda registrado dentro del presupuesto oficial de la campaña, podría configurarse una irregularidad administrativa ante el Consejo Nacional Electoral, independientemente del análisis penal.
Hasta el cierre de esta nota, ni la Fiscalía General de la Nación ni el Consejo Nacional Electoral se habían pronunciado sobre la legalidad del concurso. La valoración definitiva sobre si la iniciativa constituye o no un delito electoral corresponde a las autoridades competentes.
El contexto: De La Espriella y la campaña de Defensores de la Patria
Abelardo De La Espriella es candidato presidencial por el movimiento Defensores de la Patria para las elecciones del 31 de mayo de 2026. Su inscripción fue avalada con más de 4,8 millones de firmas ciudadanas y el candidato compite como figura independiente, sin el respaldo de los partidos tradicionales. El 5 de abril de 2026, el partido Colombia Justa Libres anunció su apoyo a esta candidatura.
La estrategia de crecimiento por referidos no es nueva en marketing digital, pero su aplicación en el contexto de una campaña presidencial en período electoral activo es lo que genera el debate jurídico. La plataforma Defensores de la Patria opera como un sistema de registro de simpatizantes, y el concurso convierte ese proceso de captación en una competencia con premios de alto valor económico.
El candidato ha protagonizado otras polémicas en las últimas semanas, luego de que el presidente Gustavo Petro publicara en redes sociales señalamientos sobre supuestas conversaciones entre De La Espriella y representantes de la firma Thomas Greg & Sons. El aspirante rechazó esas afirmaciones y su equipo jurídico presentó denuncias por presunta violación ilícita de comunicaciones ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara y la Fiscalía.
Qué sigue en el debate sobre el concurso De La Espriella 2026
Con la primera vuelta presidencial a menos de dos meses, el concurso lanzado por la campaña de Abelardo De La Espriella quedó en el centro del debate sobre los límites legales de las estrategias de movilización política en redes sociales. Las autoridades electorales y la Fiscalía General de la Nación son las instancias llamadas a determinar si la dinámica de premios por referidos se encuadra en alguna de las 16 figuras penales que contempla el Código Penal para proteger los mecanismos de participación democrática. Cualquier ciudadano puede reportar posibles irregularidades electorales ante la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) del Ministerio del Interior.
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