Siete candidatos presidenciales radicaron una carta formal ante Inravisión-RTVC para exigir la realización de tres debates presidenciales antes del 31 de mayo de 2026, fecha de la primera vuelta electoral en Colombia. La solicitud va dirigida a Hollman Morris, gerente general del canal público del Estado, e invoca el artículo 23 de la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005).
Los candidatos Sergio Fajardo, Claudia López, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Roy Barreras y Sondra Macollins firmaron la carta ante Inravisión-RTVC. En ella piden al sistema público de medios que organice tres debates presidenciales de 60 minutos cada uno, con fundamento en el artículo 23 de la Ley 996 de 2005, norma que faculta al canal estatal a convocar dichos espacios cuando los candidatos lo solicitan de manera conjunta.
Colombia registra 13 aspirantes inscritos en el tarjetón presidencial, cifra que quedó fija tras la renuncia de Clara López a su candidatura para respaldar a Iván Cepeda. Ante ese número, los siete firmantes propusieron dividir a los candidatos en dos grupos mediante sorteo, para que todos pudieran participar en los debates antes de la jornada electoral del 31 de mayo.
En la carta, los aspirantes afirmaron que cuando los candidatos evaden la confrontación de ideas, el perjudicado no es el rival político sino el elector. Con ese argumento, instaron al gerente Hollman Morris a que Inravisión-RTVC esté a la altura de las circunstancias y garantice que los colombianos lleguen a las urnas el 31 de mayo con información suficiente para decidir con libertad. Los siete firmantes expresaron además disposición para acordar de manera conjunta las reglas y los ejes temáticos de cada encuentro, tal como lo permite la norma.
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Debates presidenciales: qué establece la Ley de Garantías
El artículo 23 de la Ley de Garantías Electorales autoriza al sistema público de comunicación a organizar hasta tres debates de hasta 60 minutos cada uno durante el período de campaña presidencial, a petición conjunta de uno o varios candidatos. La norma otorga a los propios aspirantes la facultad de fijar las reglas y los ejes temáticos de cada encuentro, sin que RTVC pueda imponer condiciones unilaterales sobre el formato ni los participantes.
No obstante, la legislación colombiana no establece sanción alguna para los candidatos que decidan no asistir. El Consejo Nacional Electoral precisó en pronunciamientos anteriores que la ley ofrece herramientas para acceder a los debates presidenciales, pero no impone la participación como un deber legal. Ese vacío normativo ha alimentado la controversia actual, en la que varios aspirantes han condicionado su presencia o han propuesto debatir solo con candidatos de su elección.
El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció su disposición a participar en debates pero limitó inicialmente su invitación a Paloma Valencia, del Centro Democrático, y al abogado Abelardo de la Espriella. Esa postura generó el rechazo de los aspirantes excluidos y fue el detonante directo de la carta radicada ante RTVC. Claudia López fue una de las primeras en invocar el artículo 23 de la Ley de Garantías y planteó que, si la cantidad de participantes complicara la logística, los grupos se definieran por sorteo. Sergio Fajardo también reclamó un debate abierto y cuestionó que la confrontación se redujera a los candidatos con mayor favorabilidad en las encuestas.
Qué sigue para los debates presidenciales en Colombia
La carta radicada ante Inravisión-RTVC deja la decisión en manos de Hollman Morris. El canal público deberá definir si acepta la convocatoria, propone fechas y organiza la logística necesaria para que los encuentros se realicen antes del 31 de mayo de 2026. Los siete candidatos firmantes mantienen su disposición para concertar conjuntamente el reglamento y los temas de los debates presidenciales. Queda por definirse si Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella —que no firmaron la solicitud— se suman al proceso organizado por RTVC o mantienen sus condiciones particulares para debatir.
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