La Procuraduría General de la Nación reabrió la investigación disciplinaria por la parranda vallenata realizada el 8 de abril de 2026 en la cárcel La Paz de Itagüí (Antioquia) y amplió el número de implicados a 13 funcionarios del Inpec, luego de declarar la nulidad del proceso inicial por fallas que podían vulnerar el debido proceso.
La Procuraduría detectó que el auto con el que se abrió la investigación contra los primeros 11 funcionarios carecía de requisitos sustanciales: no detallaba con claridad las conductas específicas atribuidas a cada implicado, lo que impedía el ejercicio del derecho a la defensa. Por esa razón, el Ministerio Público declaró la nulidad de todas las actuaciones previas y ordenó reiniciar el proceso desde cero, blindando así cualquier sanción futura de cuestionamientos jurídicos. El evento habría costado cerca de 500 millones de pesos, según versiones que circularon en medios locales.
Con la reapertura del proceso, la Procuraduría vinculó formalmente al director encargado del penal para la fecha de la fiesta, el teniente Fabián Leandro León Rodríguez, quien también se desempeñaba como subdirector, por presunta falsedad ideológica en documento público. Además, el Ministerio Público compulsó copias para que se investigue al director titular del establecimiento, Édgar Iván Pérez Ortega, por presuntos cambios informales en los turnos de los guardias.
La Regional de Instrucción de Antioquia del Ministerio Público ordenó también la suspensión provisional por tres meses, sin remuneración, de varios uniformados: entre ellos dragoneantes, un intendente, tenientes y un inspector jefe del Inpec, mientras avanza la investigación. Los funcionarios investigados formalmente son Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Goez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas, entre otros.
El escándalo tuvo origen cuando, el 8 de abril de 2026, el cantante vallenato Nelson Velásquez ingresó sin autorización oficial al pabellón número 1 de la cárcel La Paz, considerado zona de máxima seguridad, donde se presentó ante internos señalados como cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá. En un operativo sorpresa posterior, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares, un módem de internet, una tablet, una consola de videojuegos, 1.323 gramos de sustancia vegetal, 271 gramos de sustancia pulverulenta y más de 3.000 mililitros de licor.
Procuraduría asumió el caso por su impacto nacional
El procurador regional Alejandro Henao Barrera explicó que la Procuraduría tomó el poder preferente el 13 de abril, un día después de una inspección realizada en la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Regional Noroeste del Inpec, para evitar investigaciones paralelas sobre los mismos hechos. El organismo justificó su intervención directa en que el caso tuvo “impacto social y connotación especial ante la opinión pública con alcance nacional”, según el oficio oficial divulgado. El procurador general, Gregorio Eljach, había señalado que “el hecho es muy delicado” al anunciar las primeras medidas.
El escándalo también desencadenó consecuencias sobre la política de paz del Gobierno nacional. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, suspendió temporalmente la mesa de diálogos sociojurídicos que funcionaba en la cárcel La Paz con líderes delincuenciales del Valle de Aburrá. El presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de los internos implicados, en un proceso gestionado por la Oficina del Alto Comisionado de Paz y el Inpec. Algunos reclusos serían enviados a la cárcel La Picota, en Bogotá.
Procuraduría y Fiscalía avanzan en paralelo sobre cárcel de Itagüí
De manera paralela, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación penal contra Nelson Velásquez por presunto enriquecimiento ilícito, e inició otra por prevaricato por omisión. La Corte Suprema de Justicia también abrió una indagación a la senadora Isabel Zuleta, coordinadora de la mesa de paz urbana, para determinar si tuvo participación o incurrió en omisión frente a la organización del evento. El caso puso además en evidencia que el sistema de cámaras del penal lleva fuera de servicio desde 2023, según reportes del Inpec a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
Qué sigue en las investigaciones por Itagüí
La nueva fase del proceso ante la Procuraduría deberá esclarecer si los hechos del 8 de abril en la cárcel de Itagüí fueron un hecho aislado o forman parte de una práctica más amplia de corrupción y permisividad dentro del sistema penitenciario colombiano. El Ministerio Público tendrá que establecer con precisión las responsabilidades individuales de los 13 funcionarios vinculados y definir si proceden sanciones disciplinarias definitivas, mientras la Fiscalía avanza en la arista penal del caso.
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