El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante el Foro de Seguridad Ciudadana celebrado en la Universidad Externado de Colombia. El mandatario distrital cuestionó la política criminal del Gobierno nacional y advirtió que los discursos que minimizan la delincuencia representan un peligro para la seguridad de los colombianos.
Galán y la política criminal: el Ejecutivo como actor clave del problema
Durante su intervención en el foro académico, el alcalde Galán señaló al Ejecutivo nacional como un actor determinante en la política criminal del país, al considerar que el Gobierno del presidente Petro ha adoptado una postura que, en la práctica, favorece la impunidad. El mandatario indicó que cuando el jefe de Estado afirma que los ladrones de celulares actúan por amor —en referencia a declaraciones de Petro en enero pasado, en las que sugirió que algunos robaban teléfonos para regalárselos a sus novias—, eso no es un asunto menor: es el presidente de la República hablando desde la más alta tribuna del país.
Galán también rechazó que el Gobierno equipare la exigencia de sanciones más duras con un acto de venganza. Para el alcalde, esa lectura distorsiona el sentido de la justicia y debilita la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos. Según Galán, ejercer la justicia no es venganza: es una obligación constitucional que el Ejecutivo no puede relativizar desde el discurso.
El foro, organizado por el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado, reunió a funcionarios, académicos y representantes del sistema judicial con el propósito de diagnosticar los vacíos legales que permiten que personas detenidas por conductas violentas queden en libertad y reincidan, así como las dificultades para acreditar la pertenencia de individuos a estructuras criminales organizadas.
La banda ‘El Mesa’ y las incoherencias de la política criminal
En días previos al foro, Galán había hecho pública una situación que definió como una muestra concreta de las contradicciones del Gobierno en materia de seguridad. El 6 de abril, la Alcaldía Mayor, junto con la Dijín, la Fiscalía y la Policía Metropolitana, anunció la captura de 23 integrantes de la banda ‘El Mesa’, entre ellos ocho sicarios. Esta organización criminal, originaria de Bello, Antioquia, opera en Bogotá desde 2012 y está vinculada a homicidios, narcotráfico, extorsión y control territorial en localidades como Suba, Usme, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.
Sin embargo, el operativo dejó al descubierto una contradicción que el alcalde no tardó en señalar: el cabecilla de esa misma banda, identificado como Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias ‘El Montañero’, no pudo ser capturado porque la Fiscalía General de la Nación le suspendió la orden de captura al designarlo como gestor de paz en el marco de la política de Paz Total del Gobierno Petro. El mandatario calificó esta situación como una «incoherencia de la política criminal» y advirtió que este tipo de decisiones fortalecen a las estructuras delictivas en lugar de desmantelarlas.
“Mientras que aquí se lucha contra esa banda, a nivel nacional, al jefe le quitan la orden de captura y lo nombran gestor de paz. Esas son las incoherencias de la política criminal en nuestro país”, afirmó Galán en un pronunciamiento previo al foro del Externado, en el que reiteró esa postura ante la comunidad académica y jurídica.
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Impunidad, reincidencia y reforma a la política criminal en Colombia
Galán insistió en el foro en que el problema de la impunidad en Bogotá no puede resolverse únicamente desde la ciudad si el Gobierno nacional no modifica su enfoque. El alcalde había señalado semanas antes que de cada 100 personas capturadas, 95 quedan en libertad, lo que genera un ciclo de reincidencia que deteriora la confianza ciudadana en las instituciones. En lo corrido de 2026, las autoridades reportaron una reducción cercana al 15% en el hurto de celulares, pero el mandatario advirtió que esa cifra no es sostenible si la política judicial no acompaña los esfuerzos operativos.
El mandatario también abordó la figura de los gestores de paz y su impacto en la seguridad urbana. Para Galán, la única negociación posible con estructuras como ‘El Mesa’ debería centrarse en la entrega y el sometimiento a la justicia, y no en la concesión de beneficios judiciales a sus líderes mientras sus integrantes continúan delinquiendo en las calles de la capital.
En ese sentido, el alcalde convocó al Congreso de la República a abrir un debate sobre los ajustes normativos que requiere el sistema procesal penal colombiano, para que las capturas tengan consecuencias reales y no se diluyan en un sistema judicial que, según afirmó, en la práctica está «legalizando el hurto» al no imponer sanciones efectivas a quienes cometen delitos de menor cuantía de forma reiterada.
Qué sigue en el debate sobre política criminal en Bogotá
El foro del Externado representa un nuevo capítulo en la disputa entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Gobierno nacional por el rumbo de la política criminal colombiana. Galán ha convocado a congresistas recién elegidos para el periodo 2026-2030 a revisar la legislación penal vigente, con el objetivo de introducir reformas que permitan una justicia más ágil y sanciones más proporcionales a la reincidencia. La bancada del Pacto Histórico ya anunció que no participará en esos espacios, lo que anticipa un debate político de fondo que trascenderá las fronteras de la capital. La discusión sobre si la Paz Total favorece o socava la seguridad ciudadana continuará marcando la agenda pública en los próximos meses.
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