La resolución que originó la polémica
A finales de marzo, la Fiscalía General de la Nación expidió una resolución mediante la cual levantó las órdenes de captura contra 23 líderes de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) de Medellín y el Valle de Aburrá, reconocidos por el gobierno nacional como voceros en la mesa de paz urbana de esa ciudad.
La medida se originó tras una solicitud hecha en febrero por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, encabezada por Otty Patiño, que pidió a la Fiscalía suspender las capturas como parte del proceso de diálogos con estas estructuras en el marco de la política de Paz Total.
De los 23 cabecillas incluidos inicialmente, 16 se encontraban recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí, el mismo establecimiento donde se registró una parranda vallenata con participación de algunos de ellos. Ese incidente llevó al gobierno a suspender la mesa de paz, al no tener claridad sobre "su responsabilidad en los hechos".
La Fiscalía redujo el beneficio, pero el Consejo de Estado fue más lejos
Tras la controversia generada por la fiesta en la cárcel, la fiscal general Luz Adriana Camargo revocó la suspensión de las órdenes de captura para 16 de los líderes. Solo siete, que se encontraban en libertad, conservaron el beneficio.
Entre ellos estaba Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, identificado como líder de la banda urbana conocida como *El Mesa*.
Con la decisión del Consejo de Estado, esa última excepción también quedó sin efecto. Los siete cabecillas afectados son:
- Alberto Antonio Rodríguez Henao Acevedo
- Andrés Dimaría Oliveros Correa
- Fredy Alexander Henao Arias
- Gustavo Adolfo Pérez Peña
- Jhon Fredy Yepes Hoyos
- Mauricio de Jesús Morales Múnera
- Rodrigo Henao Acevedo
Por qué tomó esta decisión el alto tribunal
La determinación se dio en el marco del estudio de una demanda de nulidad presentada el 6 de abril por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el abogado Carlos Fernando Duque Gómez, apoderado judicial del departamento. Rendón había sido uno de los primeros mandatarios locales en oponerse públicamente a la resolución de la Fiscalía.
El Consejo de Estado identificó varias razones para suspender provisionalmente la medida:
- La Fiscalía no desarrolló un "análisis propio" sobre los argumentos que justificaban la suspensión de las capturas.
- Existe un "notorio riesgo de fuga internacional" de los cabecillas. El tribunal señaló que solo Oliveros Correa y Henao Acevedo cuentan con impedimento para salir del territorio nacional.
- La resolución no cumplía con los límites fijados por la Corte Constitucional en esta materia.
Además, el alto tribunal instó al gobierno nacional a evaluar "el cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales" para que puedan darse este tipo de suspensiones, como los avances concretos en los procesos de paz.
Qué sigue
La suspensión tiene carácter provisional mientras el Consejo de Estado continúa el estudio de fondo de la demanda de nulidad. La decisión representa un revés para la estrategia de Paz Total en el Valle de Aburrá y abre un debate sobre los alcances legales de los beneficios que puede otorgar la Fiscalía en el marco de diálogos con estructuras criminales.
