El Consejo de Estado frenó el polémico Decreto 0415 del 20 de abril de 2026, con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro pretendía ordenar el traslado de cerca de $25 billones en ahorros pensionales de más de 120.000 afiliados desde los fondos privados hacia Colpensiones en un plazo máximo de 30 días, en el marco de la llamada ventana pensional de la Ley 2381 de 2024.
El magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, de la Sección Segunda del alto tribunal, admitió la demanda de nulidad presentada por el abogado laboralista Jesús Hernando Baena Álvarez, bajo el radicado 11001-03-25-000-2026-00253-00. En paralelo, las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) —Skandia, Protección, Porvenir y Colfondos— radicaron su propia acción judicial representadas por el jurista Carlos Gustavo Arrieta Padilla, solicitando la suspensión provisional de urgencia del decreto mientras se estudia su legalidad de fondo.
El Decreto 0415 fijaba un cronograma de giro diferenciado: para los más de 22.000 afiliados que ya reciben mesada de Colpensiones, el traslado completo debía ejecutarse en 15 días; para los cerca de 97.000 cotizantes que aún no cumplen requisitos de jubilación, el 50 % de los recursos debía entregarse en 20 días y el 50 % restante en los 10 días siguientes. El primer desembolso obligatorio, calculado en aproximadamente $5 billones, estaba previsto para el 14 de mayo de 2026.
Colpensiones y el decreto: qué argumentan los demandantes
El eje jurídico de las demandas se concentra en el parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, la única disposición de la reforma pensional que permanece vigente tras la suspensión del resto del articulado ordenada por la Corte Constitucional mediante el Auto 841 de 2025. Los demandantes sostuvieron que esa norma establece que los ahorros de quienes utilizaron la ventana de oportunidad deben permanecer bajo administración de las AFP hasta que el afiliado consolide su derecho pensional, y que su destino final debía ser el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), administrado por el Banco de la República, entidad que nunca llegó a operar.
La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, fue una de las primeras en demandar el decreto, y lo calificó como «un robo descarado al ahorro de los colombianos». El aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Firme por la Patria, también radicó acción ante el Consejo de Estado solicitando nulidad y suspensión provisional bajo el radicado 23758. Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación, dirigida por el procurador Gregorio Eljach, confirmó que desde el 11 de marzo de 2026 le había advertido al Gobierno sobre las limitaciones legales de la operación.
También lea: Fajardo descarta replantear su candidatura: “Yo no me voy a ir a ver ningunas ballenas”
Banco de la República y Contraloría alertaron sobre Colpensiones antes del decreto
Antes de la firma del Decreto 0415, el Banco de la República envió en marzo de 2026 un concepto técnico al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, suscrito por el secretario de su junta directiva, Alberto Boada Ortiz, en el que advirtió que el traslado anticipado excedía las facultades reglamentarias del Ejecutivo y contradecía la suspensión parcial de la Ley 2381. La Contraloría General también se sumó a esas prevenciones. El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, sostuvo que el decreto «contradice una ley que hoy está vigente» y alertó sobre riesgos para la estabilidad del sistema pensional. El gremio acudió en paralelo ante la magistrada ponente de la Corte Constitucional, Paola Meneses, para solicitar una medida cautelar adicional que autorice a las AFP inaplicar la norma.
El directivo de Skandia, Santiago García, afirmó que «sorprende que una orden forzada de trasladar $25 billones se haya dado sin analizar el impacto» y recordó que esos recursos «pertenecen exclusivamente a los trabajadores, amparados por la Constitución». Por su parte, el Ministerio de Hacienda, que cofirmó el acto administrativo, aseguró que continuaría «cumplidos los procedimientos legales y estudiadas las observaciones». El presidente Petro justificó la medida señalando que el decreto busca corregir un «desequilibrio financiero», dado que la nómina de Colpensiones pasó de $47,2 billones en 2023 a $55,5 billones en 2024 por los pensionados trasladados desde el régimen privado.
Qué sigue para los ahorros en Colpensiones y los fondos privados
Con las demandas admitidas, los Ministerios de Hacienda y Trabajo, junto con la Procuraduría General y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, disponen de 30 días para responder y aportar el expediente administrativo del decreto ante la Sección Segunda del Consejo de Estado. Mientras el tribunal define si decreta medidas cautelares que congelen formalmente el acto administrativo, el plazo para el giro de recursos continúa corriendo. Si los fondos realizaran los traslados antes de una eventual suspensión, el debate legal se trasladaría a si los $25 billones pueden o no ser devueltos, en medio de un sistema pensional que opera bajo un limbo jurídico mientras la Corte Constitucional no resuelva de fondo la validez de la Ley 2381 de 2024.
Para más información consulte nuestras noticias internacionales y noticias de Colombia.
